Resolución Corte Provincial

REPÚBLICA DEL ECUADOR

FUNCIÓN JUDICIAL

Juicio No: 17230201617980
Casillero Judicial No: 2428
Casillero Judicial Electrónico No: 1712434867
Fecha de Notificación: 12 de enero de 2017
A: OGAZ OVIEDO MARTIN FELIPE, BELLOLIO VERNIMMEN MARIA LORENA DE LOS ANGELES
Dr / Ab: MARÍA DANIELA AYALA ALVAREZ

SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA 

En el Juicio Especial No. 17230201617980, hay lo siguiente: 
 

VISTOS.- Encontrándose legalmente integrado este Tribunal de Alzada, por los señores jueces doctores María Patlova de los Ángeles Guerra Guerra, Fabricio E. Rovalino Jarrín (Ponente) y Miguel Narváez Carvajal, conoce el recurso de apelación interpuesto por María de los Ángeles Bellolio Vernimmen y Martín Felipe Ogaz Oviedo, en contra de la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2016, por el Doctor Vinicio Palacios, Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en la que ha resuelto “Negar la acción de protección presentada” por lo recurrentes en contra del señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y la empresa “Ganadería Triana Cía. Ltda.”, por la organización y autorización de realización del evento taurino “XII Festival Virgen Esperanza de Triana”. Radicada la competencia en este Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en razón del  trámite y sorteo de Ley, según disponen los artículos 86, número 3 de la Constitución de la República del Ecuador; y, 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se declara su admisibilidad, y, encontrándose el proceso en estado de resolver, para hacerlo se considera:  PRIMERO.- COMPETENCIA.- Conforme a la normativa citada, esta Sala es competente para conocer y resolver sobre la apelación de la sentencia venida en grado, por así disponer el artículo 86 de la Norma Suprema; 166, número 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; en concordancia con el artículo 208, número 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; SEGUNDO.- ANTECEDENTES.- Los señores María Lorena de los Ángeles Belollio Vernimmen y Martín Felipe Ogaz Oviedo, por sus propios derechos y en representación de “los animales (toros)” y los derechos colectivos de los niños, niñas y adolescentes, plantean Acción Constitucional de Protección de Derechos, aduciendo que el hecho de haber aprobado y organizado el evento taurino denominado “XII Festival Virgen Esperanza de Triana”, vulnera varios derechos constitucionales, entre ellos el de participación, a la seguridad jurídica y los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes del Cantón Quito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia. Para justificar su afirmación, los accionantes indican que la Organización Política Cultural de Izquierda Radical Diabluma, ha presentado, con fecha 28 de octubre de 2011, una iniciativa popular normativa, en la que se prohíbe la realización de espectáculos públicos en los que se produzca “estrés, sufrimiento, maltrato, tortura y muerte de animales”; que pese a la notificación con la verificación y autenticación de firmas del Consejo Nacional Electoral (el 3 de octubre de 2014), el Municipio de Quito, no ha dado cumplimiento a la normativa contenida en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, es decir a la iniciación del trámite en el plazo de 180 días desde la notificación, disponiendo la misma ley que de no hacerlo, “la propuesta entrará en vigencia de conformidad con la constitución”, pues tenía hasta el 1 de abril de 2015 para iniciar el trámite establecido en el COOTAD para la aprobación de Ordenanzas (Art. 90 COOTAD). Que la vigencia de dicha iniciativa popular, impedía autorizar la realización del espectáculo taurino antes indicado, por lo que se ha incurrido en una vulneración a los derechos de participación y seguridad jurídica. Respecto de los derechos de “protección de los niños, niñas y adolescentes, especialmente su derecho a una vida libre de violencia”, afirman que en el evento realizado por la misma empresa, en el año 2015, se ha permitido el ingreso de menores de 16 años, pese a estar prohibido expresamente en el “Reglamento para el acceso a espectáculos públicos que afecten el interés superior de niñas, niños y adolescentes”; entonces frente al riesgo, que consideran eminente, de “vulnerar nuevamente estos derechos”, solicitan la imposición de varias medidas cautelares, que propendan a impedir el desarrollo de este evento. En el libelo de la acción, no se especifica la pretensión de los accionantes, frente a la omisión de la administración que impugnan, menos aún frente al pedido de autorización y organización del evento por parte de la empresa contra la cual la dirigen. En la audiencia realizada para conocer y resolver la acción constitucional, se presentan y son admitidos como Amicus Curiae, de forma escrita el abogado José Guerra Mayorga, Director General Tutelar de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y las doctoras Gabriela Hidalgo Vélez y Olga Navas servidoras de la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades de la Defensoría del Pueblo, ya que dicha institución tiene el mandato constitucional de protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador; y, el señor Edwin Leonardo Jarrín Jarrín en su calidad de vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por sus propios derechos, fundamentados en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En la referida audiencia, los accionantes ratifican que su pretensión es “proteger los derechos de los niños, niños adolescente, derechos de la naturaleza derecho de la seguridad pública” y que en estas corridas de toros se permitió el ingreso de menores de edad, por lo que solicita “se ordene la Publicación en el registro oficial de la iniciativa popular normativa presentada por la Organización de Izquierda Radical Diabluma y se retiren los permisos otorgados a la empresa Ganadera Triana para realizar el Festival Virgen Esperanza de Triana”; por su parte el Municipio accionado, por intermedio del señor subprocurador, afirma que: “Se habla de violación de derechos de un acto que aún no se realiza, las pretensiones son incongruentes ya se solicita que se quite los permisos y aun así que en las vallas se indique la prohibición de ingreso a menores de edad. El permiso que se otorga por el administrador señala claramente que no se pude dar muerte a los animales, y respetar la normativa para los espectáculos públicos. En el permiso no se dice que ingresen menores de 16 años. En Cuanto al ingreso de menores no es competencia del Municipio sino del Intendente de Policía. El municipio reformó las ordenanzas municipales. Se presenta todo el tratamiento y pone conocimiento el expediente de la Comisión Especializada Inclusión actos y resolución, CO77 de 12 de marzo del 2015, iniciativa Popular Normativa, no es la vía que se debía haber seguido, se debería haber presentado una acción de incumpliendo ante la Corte Constitucional, hasta este momento no se probado la violación de derechos constitucionales, aquí se hablado de lo pasado de hechos en un festival anterior. Por lo que solicita se declarare improcedente conforme al art. 42”; el accionado, Empresa Ganadería Triana Cía. Ltda., por intermedio de su representante legal y Gerente General, afirma que: “El municipio emitió la ordenanza Municipal N° 127 que se encuentra vigente, se inició todos los trámites y proceso, … por lo que se le otorgo todos los permisos necesarios para realizar el evento taurino. En este evento en virtud de la ordenanza no se dará muerte al animal, Existe publicidad en la que se difunde por todos los medios la prohibición de entrada al evento de menores de edad, se adjuntan los permisos definitivos y permisos de emisión de tickets, han quedado desvirtuadas las aseveraciones de la parte accionante, se servirá inadmitir la acción constitucional, no se ha vulnerado ningún derecho…”. La Procuraduría General del Estado, por intermedio del su delegado afirma: “Se ha aplicado la ordenanza 127 la cual fue reformada en virtud de la consulta popular, esta acción esta desenfocada, no existe vulneración de derechos constitucionales”; el AMICUS CURIAE señor Edwin Leonardo Jarrín Jarrín como vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se pronuncia: “conozco la iniciativa, relata hechos y elementos jurídicos, Derechos de participación de todos los ciudadanos. Se han hecho varias exigencias para que se dé cumplimiento con la iniciativa popular”. Ejerciendo el derecho a la réplica, los accionantes afirman que “no es la vulneración por otorgar el permiso, el Municipio atento contra la seguridad jurídica, …la norma dice que se debe tramitar y dar cumplimiento…”. El Municipio por su parte dice: “se debe respetar el ordenamiento jurídico vigente, la ordenanza 127 referente a los espectáculos taurinos está en vigencia... Se conformó la comisión para tratar la iniciativa normativa. La contraparte manifiesta que todavía no se ha vulnerado un derecho y solicita que se incluya que se incluya en la orden del día para su debate, es incoherente al igual que las medidas cautelares…, el municipio ha iniciado y no ha terminado el trámite, no existe vulneración de derechos Constitucionales…”; el representante de la EMPRESA TRIANA afirma: “se ha realizado el tratamiento de la iniciativa normativa…”; la Procuraduría General del Estado, expresa: “Que se rechace porque no se ha vulnerado derecho constitucional alguno, se tramitó dentro de los 180 días luego de que se notificó con la verificación de las firmas necesarias. Corresponde a la Corte Constitucional la Constitucionalidad de una Norma…”. El AMICUS CURIAE, dice: “Ningún funcionario por parte del Municipio ha comparecido a explicar el estado de la iniciativa normativa”. Con estos antecedentes el Juez A quo, emite la sentencia impugnada, negando la acción de protección, por considerar que: “la parte accionante ha solicitado como pretensión de la presente acción constitucional, la publicación en el Registro Oficial de la iniciativa popular normativa presentada por la Organización de Izquierda Radical Diabluma, por cuanto expresa que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, no ha cumplido con el debate y aprobación de la iniciativa antes dicha en el tiempo de ley, es decir lo prescrito en la norma del artículo 10 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sin considerar la norma del artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Así mismo, por cuanto se requiere que retire el permiso otorgado a la empresa Triana sin considerar la plena vigencia de la Ordenanza No. 127 de 30 de septiembre de 2011 que respeta incluso la consulta de 7 de mayo de 2011, y sin tomar en cuenta los artículos 392 y 404 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, que permiten al administrado solicitar los reclamos o recursos administrativos, en el evento de que se crea vulnerado por alguna conducta o actividad de las administraciones de los gobiernos autónomos descentralizados, así como de las resoluciones o actos normativos, ni considerar el artículo 31 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la cual prescribe que en sede judicial se pueden impugnar los actos administrativos en la que se establezcan restrinjan o supriman derechos. Y finalmente, por cuanto no se ha demostrado la vulneración actual, inminente o futura violación de algún derecho constitucional alegado, así mismo considerando que, según el artículo 10 de la Constitución, la naturaleza no tiene más derechos que los establecidos y reconocidos en la Constitución, y además se han basado en hechos pasados que tampoco se han demostrado y no se pueden considerar, no se cumplen con los presupuestos que sobre el objeto de una acción de protección, contempla el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, concepto que es desarrollado en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, requisitos de admisibilidad prescritos en los numerales 1 y 3 del artículo 40 ibídem, y por incurrir en las causales de improcedencia prescritas en los numerales 1 y 4 del artículo 42 ut supra, esta Autoridad en uso de las facultades constitucionales y legales” TERCERO.- FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DE LOS ACCIONANTES.- Los señores María de los Ángeles Bellolio Vernimmen y Martín Felipe Ogaz Oviedo, al fundamentar su recurso de apelación expresan que, la sentencia incurre en “falta e indebida motivación”, porque no se consideran todos los argumentos esgrimidos en la audiencia y porque el juzgador motiva su sentencia “en la supuesta alegación de un artículo de la ley, cuando lo invocado por los accionantes, tanto en la demanda como a lo largo de la audiencia, de manera expresa y reiterada fue la vulneración de derechos constitucionales”, derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes, derechos de la naturaleza, derechos de participación y la seguridad jurídica. Sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes, reiteran que se han vulnerado por el ingreso de “menores de 16 años a la Plaza Belmonte contra disposiciones legales expresas”; afirma que debieron presumirse ciertos los hechos que “no fueron negados por la persona o personas accionadas”, como el hecho de que la empresa “Ganadería Triana” permitiera el ingreso de menores de edad en el año 2015, que no fue negado; riesgo que se encontraba presente por la realización de un nuevo espectáculo taurino, por lo que eran pertinentes (a su criterio) las medidas de protección solicitadas en la demanda, pero que sin embargo fueron negadas por el Juez, por considerarlas un hecho futuro. Sin considerar que las medidas cautelares tienen por objeto evitar o cesar una amenaza de violación de derechos, argumento que carece de motivación. Que el juzgador argumenta la invalidez jurídica de la documentación agregada, por ser copias simples que a su criterio no tienen valor jurídico, olvidándose que el trámite de la acción de protección exige menos formalidades. Que al tratarse de un evento cuya realización sería los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2016, las medidas cautelares resultan extemporáneas, pero que es indispensable resolver sobre la falta de motivación. Respecto de la presunta vulneración de los derechos de la naturaleza, aducen que el Juzgador argumenta que “los accionantes no se encuentran legitimados en razón de que los toros son un objeto apropiable y por tanto los legitimados para su protección constituirían sus propietarios”, que este es un criterio aplicable en materia civil, frente a la propiedad, pero lo que se pretende proteger es el derecho contenido en el artículo 71 y siguientes de la Constitución, descartando, sin sustento, el derecho a ejercer acción a favor de los toros, existiendo también “ausencia de motivación”. Finalmente, en relación a los derechos de participación, afirman que se ha dejado en claro la vulneración de dos de estos derechos, el contenido en el artículo 103 de la Constitución (que no se menciona el artículo 10 de la Ley Orgánico de Participación), respecto a que la autoridad tiene 180 días para tramitar la iniciativa y que si esto no se hace entra en vigencia, demostrando que “a la fecha de realización de la audiencia habían transcurrido 789 días, esto es 609 días en exceso del plazo”, por lo que consideran que la “iniciativa se encuentra vigente”; y que al no “determinarse la publicación en el Registro Oficial, se vulnera el derecho a la seguridad jurídica, ya que las normas deben ser públicas, por lo que se solicitó la referida publicación como medida cautelar. Que encontrándose vigente esta norma, el Municipio vulneró la seguridad jurídica, contenida en el artículo 82 de la Constitución, “al autorizar la realización de la feria taurina”, argumentos sobre los que dicen, no se ha pronunciado el A quo, ni motivó en su sentencia; afirman que al no haberse mencionado la vulneración de una norma legal, no cabe indicar, como lo hace el A quo, “que la acción incumple los requisitos de admisibilidad y que incurre en las causales de improcedencia de la numerales 1 y 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”; que el tratamiento de la iniciativa referido en el artículo 103 de la Constitución implica desde su conocimiento hasta su aprobación y ubicación o su negativa, argumento sobre el cual “ni siquiera se refiere” el A quo, ni sobre la razonabilidad de los tiempos “tomados por el Municipio para el tratamiento de la iniciativa”; que yerra además el A quo, en decir que “existe una vía administrativa” para el tratamiento del tema, cuando se refiere a seguridad jurídica, cuya única vía de cumplimiento es la constitucional. Por lo que solicita se “determine la vulneración de los derechos alegados, así como que se establezca las medidas de protección que garanticen los derechos vulnerados, salvo para las medidas en favor de los niños, niñas y adolescentes y los toros, en razón de ser estas extemporáneas a la fecha” CUARTO.- CONSIDERACIONES DEL JUEZ A QUO.- Al emitir la sentencia impugnada, el señor Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, afirma que parte de las pretensiones realizadas en audiencia, pues “en la demanda no existía planteamiento expreso sino únicamente medidas cautelares”; y, que las posibles violaciones de derechos constitucionales, son: “1.- el incumpliendo del artículo 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la publicación en el Registro Oficial de la iniciativa popular normativa, y violación al derecho de participación”, respecto de lo que afirma se ha comprobado “De la documentación agregada por el Municipio de Quito …la existencia de Iniciativa Popular Normativa denominada: Iniciativa Popular para la Derogatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 127, así como la prohibición de Espectáculos que impliquen la muerte o tortura de animales, presentada por la Organización de Izquierda Radical Diabluma, misma que el Consejo Nacional Electoral mediante resolución PLE-CNE.7-1-10-2014 de 1 de octubre de 2014 resolvió disponer …se inicie con el trámite previsto en la ley de la materia”; sobre esta posible vulneración, luego de trascribir artículo relacionados con la seguridad jurídica y la admisibilidad de la acción de protección, expresa que “los accionantes solicitan al Municipio de Quito, que se cumpla con la norma del artículo 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en cuanto al tiempo de tramitación de la iniciativa popular normativa, aspectos que se alejan del objeto de la acción de protección consagrado en el artículo 88 de la Constitución de la República, sin tomar en cuenta lo prescrito en el artículo 52 de la LOGJCC”, artículo por el cual, considera que “la acción por incumplimiento debe ser tramitada por la Corte Constitucional (conforme el artículo 57)”, que “no se puede desnaturalizar la esencia de una acción de protección cuando existen otros mecanismos específicos, adecuados e idóneos que permiten tratar la petición de los accionantes, como es la acción por incumplimiento, incurriendo por tanto en la prohibición contemplada en el artículo 39 de la ley de la materia cuando señala que la presente acción tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución siempre y cuando no estén amparados por otras acciones como es el caso de la acción por incumplimiento”; en tal sentido considera no se cumplen los requisitos de admisibilidad “prescritos en los numerales 1 y 3 del artículo 40 ibídem, pues de la documentación presentada por el subprocurador Metropolitano, se ha observado que el Concejo Metropolitano de Quito en sesión pública ordinaria de 12 de marzo de 2015 y conforme la resolución PLE-CNE.7-1-10-2014 de 1 de octubre de 2014 dictada por el Consejo Nacional Electoral, notificada el 3 de octubre de 2014, resolvió conformar una Comisión Especial para el análisis de la iniciativa popular normativa en mención, comisión que ha recibido en sesiones de 6 y 13 de abril y 20 de julio de 2015 a representantes de diversos colectivos, entre los cuales ha participado el accionante”; por lo que afirma no se ha violado “el derecho de participación directa consagrado en el artículo 1 y 61 de la CRE. Que los accionantes invocan”. Sobre el requerimiento de retiro del permiso otorgado a la empresa Triana, y la violación a los derechos de los niños y adolescentes, el Juez Aquo indica que “la Ordenanza No. 127 de 30 de septiembre de 2011, con la cual, visto los artículos IV.219 y siguientes, se ha otorgado el permiso para la realización del XII Festival Virgen de la Esperanza de Triana a realizarse en la ciudad de Quito el 1, 2 y 3 de diciembre de 2016, se encuentra en plena vigencia tal como se puede observar de la certificación emitida por la Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, y la misma respeta incluso la consulta popular de 7 de mayo de 2011 cuyos resultados fueron promulgados y publicados en el Registro Oficial No. 490 de 13 de julio de 2011, en la cual la voluntad del soberano fue de que en este Distrito no se permita la matanza del toro”. Que ante la inconformidad con el permiso, los accionantes debían “tomar en cuenta lo prescrito en los artículos 392 y 404 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, que permiten al administrado solicitar los reclamos o recursos administrativos, en el evento de que se crea vulnerado por alguna conducta o actividad de las administraciones de los gobiernos autónomos descentralizados, así como de las resoluciones o actos normativos (es decir en vía administrativa), por lo que a su criterio “existe la vía idónea y expedita para que se pueda ejercer el derecho a la reclamación tanto administrativa como judicial en contra del permiso otorgado a la empresa TRIANA e incluso jurisdiccional en contra de la Ordenanza Metropolitana de donde emanó dicha autorización”, por lo que se incumplirían “los requisitos de admisibilidad de una acción de protección prescritos en los numerales 1 y 3 del artículo 40 de la LOGJCC y por incurrir en las causales de improcedencia prescritas en los numerales 1 y 5 del artículo 42 ibídem”. Luego afirma que “en los fundamentos de la demanda y audiencia, el accionante impugna el permiso otorgado a la empresa TRIANA motivado en elementos de mera legalidad, como es que no se acató la - “Nueva Ordenanza” - (Iniciativa Popular para la Derogatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 127, así como la prohibición de Espectáculos que impliquen la muerte o tortura de animales) que había entrado en vigencia conforme la Constitución, por haberse incumplido el artículo 10 de la Ley de Participación Ciudadana, elementos facticos y de iuris que solo pueden ser analizados por la autoridad competente sea en sede administrativa o judicial si estuviere en vigencia dicha ordenanza o frente a la Corte Constitucional si existe incumplimiento de norma como se analizó en el anterior numeral, puesto que constituyen aspectos que se circunscriben dentro de la esfera del derecho común, además que de los hechos no se desprende que exista una violación de derechos constitucionales”. Por otro lado, respecto a la posible vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, afirma que “no se observa el planteamiento de una violación inminente ni futura a los derechos de los niños y adolescentes en cuanto al ingreso al espectáculo (alegación de los accionantes), ya que la Autorización No. 518-2016-IGPP conferida por la Intendencia General de Policía de Pichincha, claramente aplica lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento para el Acceso a los espectáculos públicos que tengan contenidos que afecten el interés superior de niñas, niños y adolescente emitido por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en la cual se dispone que no pueden ingresar menores de 16 años, hecho que también se verifica de las propagandas y pancartas emitidas por la empresa Triana, en la cual se desprende un aviso de que no pueden ingresar personas menores de 16 años”. Que esta afirmación se pretende sustentar en hechos pasados, pretendiendo que la autoridad presuma “que sucederá lo mismo”, sin que se hubiera aportado prueba al respecto “puesto que se han agregado copias simples que no tienen valor jurídico alguno”; por lo que considera se incurre en la causal de improcedencia “prescrita en el artículo 42.1 de la LOGJCC”. Indica que sobre el derecho de “los toros y la tortura alegada”, los artículos 71 y 72 de la Constitución consagran los derechos de la naturaleza, que a criterio del juzgador son “4 básicamente: Existencia, mantenimiento, respeto a sus ciclos vitales y restauración, es decir que, fuera de esos no tiene otros, y hablar sobre derechos como la prohibición de ser torturados vienen a ser HUMANOS, pues no pueden configurarse sobre sujetos cuya voluntad no pueda ser dominada, y los animales, o en este caso los toros, no tienen voluntad.  En definitiva, alegar o conceder otro derecho a la naturaleza por fuera de los citados, sería violar lo dispuesto en la norma del artículo 10 de la CRE que reza: La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”, y esta Autoridad no puede juzgar más allá de lo permitido por la propia Constitución, es decir únicamente se puede proteger derechos que la propia Constitución le otorga”; por lo que indica incumplidos los “requisitos de admisibilidad prescritos en el artículo 40.1 de la LOGJCC y por incurrir en las causales de improcedencia prescritas en el artículo 42.1 ibídem”. Afirma que requerir la publicación “en el Registro Oficial de la Iniciativa Popular normativa y no estar de acuerdo con el permiso otorgado a la empresa TRIANA, sin demostrar vulneración a los derechos de los niños y adolescentes en cuanto al ingreso a dicho espectáculo, pese a existir una prohibición por parte de la Intendencia General de Policía, ni de participación en cuanto si se está tramitando una propuesta normativa en cuanto al principio de democracia directa, constituyen aspectos de mera legalidad, y se está confundiendo la presente vía de acción de protección de derechos consagrados en la Constitución, con la facultad que tienen los administrados para recurrir a las vías adecuadas como una acción por incumplimiento, recursos administrativos, judiciales o constitucionales sobre la autorización o en contra de una ordenanza ante la Corte Constitucional”. Indica que “el legitimado activo se esfuerza por conectar sus pretensiones con el supuesto menoscabo de principios y derechos constitucionales sin lograrlo, pues ha hecho referencia a una serie de artículos consagrados en la constitución, sin realizar una descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo algún daño y sin explicar ni exponer claramente una relación circunstanciada de los hechos, sustentada con los elementos probatorios que demuestren la existencia de la violación de derechos constitucionales, además a la luz de lo expresado y analizado, no se encuentra la existencia de vulneración de derechos tal como lo determina el artículo 42.1 de la LOGJCC, por tanto, los accionantes no cumplen con los requisitos de admisibilidad e incurre en las causales de improcedencia de una acción de protección”. Asegura que su análisis se realiza en base a la “sentencia No. 102-13-SEP-CC dictada por la Corte Constitucional dentro del caso No. 380-10-EP”, que manifiesta que: “Los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional constituyen cuestiones que implican un análisis de fondo del asunto controvertido en la acción de protección”, por lo que a su criterio, es “ilógico pretender por medio de una acción de protección, determinar que se ha incumplido con una norma y publicar el proyecto de la iniciativa popular normativa que deroga una ordenanza, es decir, confundiendo la esencia misma de lo que significa una acción de protección…”. Por lo que niega la acción de protección al emitir la decisión impugnada. QUINTO.- ANÁLISIS DE LA SALA.- La Constitución de la República, en su artículo 88, dice que la acción de protección “tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial…”. De la norma constitucional precedente, se colige que esta garantía jurisdiccional, tiene como objetivo claro, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en nuestra Constitución, teniendo como fin reparar el daño causado, hacerlo cesar si se está produciendo o prevenirlo si es que existe la presunción o indicios claros de que el acto ilegítimo puede producirse. A su turno, el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a su letra indica “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena”; mientras tanto, el artículo 40 ibídem señala: “La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Violación de un derecho constitucional; 2) Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3) Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”. El Juez de Garantías Constitucionales, debe dirigir su análisis a la determinación de la posible vulneración de derechos constitucionales. Es importante resaltar el hecho de que este recurso no solo se interpone contra los actos y omisiones de la autoridad pública, sino a la vulneración o inobservancia de los derechos subjetivos de los administrados, puesto que, pretende la protección de los derechos subjetivos de todos los ciudadanos frente a la inobservancia de principios fundamentales del derecho constitucional, que convierten a un acto ilegítimo en materia de impugnación mediante acción de protección. En virtud de la naturaleza de la presente acción, el análisis de la Sala, a más de versar sobre la forma en que se ha dado cumplimiento a los respectivos procedimientos, se centrará en la determinación de la posible vulneración de derechos constitucionales a fin de satisfacer las exigencias previstas para la emisión de las sentencias de acción de protección, a cuyo efecto tendrá en cuenta la relación de los hechos, los argumentos expuestos por los sujetos procesales, las pruebas actuadas ante el Juez a quo; y, demás aspectos a ser tomados en cuenta en este tipo de causas; 5.1. Legitimación activa y pasiva.- Como en toda acción jurisdiccional, la acción de protección, puede ser ejercida por el propio afectado o por cualquiera a su nombre; y, la legitimación pasiva, recae sobre el autor del acto u omisión ilegítima o arbitraria que ha vulnerado una garantía constitucional, conforme lo prevén los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; en la especie, la esencia de la acción constitucional no se dirige a impugnar exclusivamente un acto administrativo, sino la omisión de cumplimiento de la norma constitucional que determina un plazo específico para la tramitación de una iniciativa popular; y de esta omisión se afirma el surgimiento de varios actos administrativos contrarios a la norma constitucional, como la autorización de realización de un festival taurino y el ingreso de menores de edad a dicho evento; actos administrativos que serían, a criterio de los accionantes, vulneratorios de derechos constitucionales por no acatar la iniciativa ciudadana que consideran vigente. Por ello han solicitado varias medidas cautelares, que a la fecha de impugnación de la sentencia, consideran extemporáneas, excepto la relacionada a la publicación del texto de la iniciativa popular que como se indicó consideran vigente por ministerio de la ley. Al tratarse de una iniciativa popular presentada al Municipio de Quito, y que pese a estar vigente (según los accionantes) su lenta tramitación ha provocado que la misma entidad permita la realización de un evento taurino al cual han asistido menores de edad. Por ello se accionan contra el señor Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y la empresa “Ganadería Triana Cía. Limitada”, como entidad pública autorizadora y el representante de empresa organizadora del referido festival taurino, quedando identificados con claridad el accionado y accionante en esta causa; cabe mencionar que los accionantes comparecen por sus propios derechos y en representación de los “toros” (ejerciendo el derecho a nombre de la naturaleza); por lo tanto, se encuentran debidamente legitimados, tanto la accionante, como los accionados, debiéndose mencionar que ha intervenido en la causa como Amicus Curiae el señor Edwin Jarrín Jarrín, Vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 5.2. Identificación del acto emitido por autoridad pública no judicial que habría vulnerado los derechos del accionante.- Como se indicó, la esencia de la acción constitucional planteada se dirige a impugnar la omisión de cumplimiento de la norma constitucional que determina un plazo específico para la tramitación de una iniciativa popular normativa; en el caso, la presentada el 28 de octubre de 2011, por la Organización Política Cultural de Izquierda Radical Diabluma, en la que se plantea prohibir la realización de espectáculos públicos en los que se produzca “estrés, sufrimiento, maltrato, tortura y muerte de animales”; y, que pese a la notificación con la verificación y autenticación de firmas del Consejo Nacional Electoral (el 3 de octubre de 2014), no ha sido tratada por el Municipio de Quito, en el plazo legalmente establecido incumpliendo “la normativa contenida en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, es decir a la iniciación del trámite en el plazo de 180 días desde la notificación” (es decir, se menciona la norma de la Ley de Participación Ciudadana, pero por la determinación del plazo y la disposición de vigencia), lo que a criterio de los accionantes implicaría la vigencia de la normativa, pues conforme indican, la misma ley dispone que de no cumplir el plazo, “la propuesta entrará en vigencia de conformidad con la constitución”. De esta omisión, se afirma el surgimiento de varios actos administrativos contrarios a la norma constitucional, como la autorización de realización de un festival taurino y el ingreso de menores de edad a dicho evento, actos administrativos que vulnerarían derechos constitucionales, mencionan “los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes del Cantón Quito, especialmente su derecho a una vida libre de violencia” y los derechos de la naturaleza. Por lo que solicitan se Publique en el registro Oficial el texto de la iniciativa popular normativa (y otras medidas que consideran extemporáneas). Negada la acción de protección, el recurso de apelación se fundamenta en la carencia de motivación de la sentencia, cuyo efecto constitucional sería la nulidad de la decisión, que no es requerida por los impugnantes, sino que limitan su pretensión al reconocimiento de los derechos que afirman vulnerados y el establecimiento de medidas para la garantía de los mismos. La omisión de la administración Municipal y los actos administrativos posteriores, en el supuesto de ocasionar la vulneración de un derecho constitucionalmente protegido y debido a sus efectos jurídicos, resultan susceptibles de ser impugnados, a través de una garantía Constitucional, así lo determina el numeral 2, del artículo 40, en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, norma que además es clara en establecer dentro de los parámetros de procedibilidad de la acción, el no contar con otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado, lo que quiere decir que frente a un menoscabo de alguno de los derechos constitucionales, no es admisible el argumentar como vía idónea el proceso ordinario, administrativo o judicial, cuando ello provocaría un daño mayor a los derechos que se encuentran lesionados, debiendo incoarse la acción de protección por ser el remedio más eficaz e idóneo para hacerlos valer. Todo ello en armonía con lo previsto en el artículo 11, número 3 de la Norma Suprema que prevé: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: …3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”. La obligación del Juez de Garantías Constitucionales es tutelar los derechos emanados de la Norma Suprema y normas supra nacionales de derechos humanos y vigilar su adecuada aplicación, aun cuando el recurrente no haya expresado en forma concreta los derechos supuestamente vulnerados, corresponde verificar la supuesta vulneración de los mismos; más aún si se considera que el artículo 11, número 5 de la Constitución de la República, obliga a todos los servidores públicos, administrativos o judiciales a “…aplicar la norma (constitucional) y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia”; en este sentido, al alegarse la vulneración de derechos como los de participación, los inherentes a la naturaleza y los de los niños, niñas y adolescentes, la vía adecuada y eficaz es la constitucional, pues no hay otra vía igual de adecuada y eficaz para hacer valer los derechos constitucionales; entonces, cabe analizar si las alegaciones esgrimidas, efectivamente permiten vislumbrar una vulneración de derechos correspondientes al marco Constitucional o de Derechos Humanos. 5.3. Derechos presuntamente afectados.- El Juez Constitucional, bajo el principio del iura novit curia, “el Juez conoce el derecho”, constante en el artículo 4, número 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puede solventar algunos errores de derecho en que hubieran incurrido las partes dentro de un proceso constitucional, en aras de precautelar precisamente la eficacia de esta garantía jurisdiccional frente a posibles menoscabos a los derechos fundamentales de los participantes en el proceso. La Corte Constitucional, en Sentencia Vinculante No. 0001-10-PJO-CC, dentro de la causa No. 0999-09-JP, determina que “Las juezas y jueces constitucionales para asegurar el ejercicio de las garantías jurisdiccionales reconocidas en el artículo 86 de la Constitución de la República y del principio iura novit curia no podrán justificar la improcedencia de una garantía jurisdiccional, como tampoco de los recursos y etapas procesales, en la falta de enunciación de la norma, motivación u oscuridad de las pretensiones; es su deber subsanar dichas deficiencias y continuar con la sustanciación de la causa”. Los accionantes, durante la tramitación del expediente, sostienen que la omisión impugnada es violatoria de sus derechos constitucionales y que los hechos subsecuentes a dicha omisión generan nuevas vulneraciones provenientes de actos de la misma administración municipal; para fundamentar el recurso interpuesto, se dirigen a analizar los errores y falencias en que consideran incurre la sentencia, y alegan falta de motivación en la misma, por lo que la sentencia impugnada adolecería de vicios de nulidad, que si bien no son mencionados constituyen el efecto jurídico directo establecido en la norma constitucional (artículo 76.7.l) de la Carta Fundamental); separando las alegaciones esgrimidas tanto en el texto de la demanda, como en la audiencia de juicio y sumadas a las esgrimidas al interponer el recurso de apelación, podemos deducir la existencia de los siguientes argumentos: a.- Respecto de la decisión impugnada: a.1.- El recurrente alega falta de motivación de la sentencia impugnada, vulnerando el derecho al debido proceso. b.- Los accionantes afirman que se han vulnerado los siguientes derechos constitucionales: b.1.- Derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente el derecho a una vida libre de violencia; b.2.- Derechos de la naturaleza, respeto integral de la existencia y regeneración de ciclos vitales, estructura y funciones, por el maltrato y tortura a los toros; y, b.3.- Derechos de Participación y especialmente el derecho a presentar iniciativas populares normativas. a.1.- Respecto de la alegación planteada por los recurrentes, la vía expedita para exigir la tutela del derecho constitucional al debido proceso es la acción de protección constitucional; dentro de las normas que rigen el debido proceso, se encuentran aquellas que tienden a garantizar el derecho a la defensa, el cual incluye la obligación de motivar todas las decisiones de la autoridad pública, imposición normativa que afirman incumplida por el Juzgador A quo en la sentencia impugnada. Es importante recordar que el artículo 76, numeral 7, letra l) de la Norma Suprema, considera como parte del debido proceso, el asegurar la garantía de que las resoluciones de los poderes públicos sean motivadas, “…l) … No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos...”; la falta de motivación, evidentemente conlleva a la indefensión, por ello corresponde analizar si el texto de la resolución en mención cumple o no los requisitos constitucional y legalmente exigidos para su validez y motivación suficiente; para cumplir este objetivo, es imprescindible referirse al texto de la mencionada sentencia, en el cual, de forma clara se indica que: “la parte accionante ha solicitado como pretensión de la presente acción constitucional, la publicación en el Registro Oficial de la iniciativa popular normativa presentada por la Organización de Izquierda Radical Diabluma, por cuanto expresa que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, no ha cumplido con el debate y aprobación de la iniciativa antes dicha en el tiempo de ley, es decir lo prescrito en la norma del artículo 10 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sin considerar la norma del artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional LOGJCC. Así mismo, por cuanto se requiere que retire el permiso otorgado a la empresa Triana sin considerar la plena vigencia de la Ordenanza No. 127 de 30 de septiembre de 2011 que respeta incluso la consulta de 7 de mayo de 2011, y sin tomar en cuenta los artículos 392 y 404 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, que permiten al administrado solicitar los reclamos o recursos administrativos, en el evento de que se crea vulnerado por alguna conducta o actividad de las administraciones de los gobiernos autónomos descentralizados, así como de las resoluciones o actos normativos, ni considerar el artículo 31 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la cual prescribe que en sede judicial se pueden impugnar los actos administrativos en la que se establezcan restrinjan o supriman derechos. Y finalmente, por cuanto no se ha demostrado la vulneración actual, inminente o futura violación de algún derecho constitucional alegado, así mismo considerando que, según el artículo 10 de la Constitución, la naturaleza no tiene más derechos que los establecidos y reconocidos en la Constitución, y además se han basado en hechos pasados que tampoco se han demostrado y no se pueden considerar, NO se cumplen con los presupuestos que sobre el objeto de una acción de protección, contempla el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, concepto que es desarrollado en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, requisitos de admisibilidad prescritos en los numerales 1 y 3 del artículo 40 ibídem, y por incurrir en las causales de improcedencia prescritas en los numerales 1 y 4 del artículo 42 ut supra, esta Autoridad en uso de las facultades constitucionales y legales”. Resulta evidente que la sentencia enuncia las normas o principios jurídicos en que se funda y explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, cumpliendo los requisitos de motivación constitucionalmente estipulados, pues justifica las causas por las que niega la acción propuesta; justificación que de ser errada o contener afirmaciones equivocadas, puede ser revisada o corregida por el superior, al ser susceptible de recurso de apelación. En tal sentido es importante recordar que conforme manda la Constitución, el efecto de la falta de motivación es la nulidad de la decisión, mientras que la corrección de una motivación inadecuada, errónea o indebida, es facultad del Superior; entonces debemos diferenciar con claridad si lo pretendido por los accionantes es la declaración de nulidad por falta de motivación o la corrección de la sentencia por una inadecuada motivación; pese a que, del texto de la fundamentación del recurso, no queda claro lo mencionado, al solicitar que se reconozcan los derechos vulnerados y se impongan las medidas tendientes a tutelarlos, lo que se requiere es la corrección de una sentencia cuya motivación se considera inadecuada, errónea o indebida. En otras palabras, de determinarse una errada justificación de la causa que origina la negativa de la acción, esto no implica una falta o ausencia de motivación, sino una motivación indebida o inadecuada que debe ser corregida. En la sentencia, bajo parámetros de coherencia (criterios jurídicos del Juez A quo) e incluso con sentido gramatical se llega a una conclusión, sin dejar de lado la posibilidad de que esta conclusión resulte errada, hecho que, de considerarse verificado, permite a las partes realizar la apelación conforme determinan las normas aplicables. En este sentido, alegar falta de motivación de la sentencia en referencia, carece de sustento jurídico. Sin embargo, al haberse mencionado una inadecuada motivación, cabe analizar si los parámetros esgrimidos por el juez y que son impugnados, corresponden a una motivación correcta, adecuada y debida, para ello, recordemos que al fundamentar su recurso de apelación de la sentencia, los recurrentes afirman que el Juez A quo incurre en “falta e indebida motivación”, por no considerar todos los argumentos esgrimidos en la audiencia; en primer lugar afirman que el juzgador motiva su sentencia “en la supuesta alegación de un artículo de la ley, cuando lo invocado por los accionantes, tanto en la demanda como a lo largo de la audiencia, de manera expresa y reiterada fue la vulneración de derechos constitucionales”; sobre este argumento, si bien el juzgador hace referencia al artículo 10 de la Ley de Participación Ciudadana, lo hace en atención al texto de la acción de protección, en cuyo numeral II.6, textualmente se refiere que “el procedimiento para tramitar una iniciativa popular normativa”, que estaría determinado en dicha disposición legal; sin embargo, del mismo texto de la sentencia se desprende con claridad que el juez refiere la posible vulneración del derecho de participación, es decir, lo que hace es subsanar el error incurrido por los accionantes al presentar su acción. Los accionantes aceptan este yerro, al indicar que el procedimiento para la presentación y los plazos para tratar la iniciativa popular normativa constan en el artículo 103 de la Constitución, pero tal corrección la realizan en el escrito de fundamentación del recurso. Al surgir del texto de la acción formulada, la mención de la norma que hace el Juez implica una transcripción de la pretensión, cuando dice “el incumpliendo del artículo 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la publicación en el Registro Oficial de la iniciativa popular normativa”, que de ninguna manera puede considerarse motivación inadecuada, más aún si de manera inmediata corrige el yerro de los accionantes mencionando que esto conlleva una posible “violación al derecho de participación”. Afirma el Juzgador que se ha probado la existencia de la referida iniciativa “denominada: Iniciativa Popular para la Derogatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 127, así como la pretensión de prohibición de Espectáculos que impliquen la muerte o tortura de animales, presentada por la Organización de Izquierda Radical Diabluma, misma que el Consejo Nacional Electoral mediante resolución PLE-CNE.7-1-10-2014 de 1 de octubre de 2014 resolvió disponer …se inicie con el trámite previsto en la ley de la materia”, por ello refiere que los accionantes requieren el “cumplimiento de la norma del artículo 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en cuanto al tiempo de tramitación de la iniciativa popular normativa”, aspectos que según el juzgador A quo, “se alejan del objeto de la acción de protección consagrado en el artículo 88 de la Constitución de la República, sin tomar en cuenta lo prescrito en el artículo 52 de la LOGJCC”, por el cual, a su criterio, lo solicitado correspondería a una “acción por incumplimiento que debe ser tramitada por la Corte Constitucional (conforme el artículo 57)”; en tal sentido considera incumplidos los requisitos de admisibilidad “prescritos en los numerales 1 y 3 del artículo 40 ibídem, pues de la documentación presentada por el Subprocurador Metropolitano, se ha observado que el Concejo Metropolitano de Quito en sesión pública ordinaria de 12 de marzo de 2015 y conforme la resolución PLE-CNE.7-1-10-2014 de 1 de octubre de 2014 dictada por el Consejo Nacional Electoral, notificada el 3 de octubre de 2014, resolvió conformar una Comisión Especial para el análisis de la iniciativa popular normativa en mención, comisión que ha recibido en sesiones de 6 y 13 de abril y 20 de julio de 2015 a representantes de diversos colectivos, entre los cuales ha participado el accionante”; por lo que afirma no se ha violado “el derecho de participación directa consagrado en el artículo 1 y 61 de la Constitución que los accionantes invocan”. Para dilucidar si esta motivación es correcta o errada, es imprescindible dividir los argumentos esgrimidos por el A quo, que en primer lugar plantea la existencia de otra vía que es la acción por incumplimiento; y, posteriormente afirma que al haberse iniciado el trámite de la iniciativa, no se ha vulnerado el derecho de participación. Respecto del primer argumento, lo que se plantea es la omisión de cumplimiento del trámite previsto en el artículo 103 de la Constitución, omisión que el Juez considera debe tratarse en una acción por incumplimiento y ante la Corte Constitucional; efectivamente, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determina que “La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. /Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible”; en el caso, debido a que los accionantes consideran vigente la iniciativa popular normativa que han propuesto, resulta evidente que la vía adecuada para garantizar su aplicación es la acción constitucional por incumplimiento, no la acción de protección; en tal sentido es correcta la afirmación del juzgador A quo respecto a la improcedencia de la acción, por ende no cabe argumentar su indebida motivación. Al referirse a la posible vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reiteran que se han vulnerado por el ingreso de “menores de 16 años a la Plaza Belmonte contra disposiciones legales expresas”; afirma que debieron presumirse ciertos los hechos que “no fueron negados por la persona o personas accionadas”, como el hecho de que la empresa “Ganadería Triana” permitiera el ingreso de menores de edad en el año 2015, que no fue negado; riesgo que se encontraba presente por la realización de un nuevo espectáculo taurino, por lo que eran pertinentes (a su criterio) las medidas de protección solicitadas en la demanda, pero que sin embargo fueron negadas por el Juez, por considerarlas un hecho futuro. Sin considerar que las medidas cautelares tienen por objeto evitar o cesar una amenaza de violación de derechos, argumento que carece de motivación. Que el juzgador argumenta la invalidez jurídica de la documentación agregada, por ser copias simples que a su criterio no tienen valor jurídico, olvidándose que el trámite de la acción de protección exige menos formalidades. Que al tratarse de un evento cuya realización sería los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2016, las medidas cautelares resultan extemporáneas, pero que es indispensable resolver sobre la falta de motivación. Sobre esta argumentación, el Juez A quo, en la sentencia impugnada, afirma que “no se observa el planteamiento de una violación inminente ni futura a los derechos de los niños y adolescentes en cuanto al ingreso al espectáculo (alegación de los accionantes), ya que la Autorización No. 518-2016-IGPP conferida por la Intendencia General de Policía de Pichincha, claramente aplica lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento para el Acceso a los espectáculos públicos que tengan contenidos que afecten el interés superior de niñas, niños y adolescente emitido por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en la cual se dispone que no pueden ingresar menores de 16 años, hecho que también se verifica de las propagandas y pancartas emitidas por la empresa Triana, en la cual se desprende un aviso de que no pueden ingresar personas menores de 16 años”. Que esta afirmación se pretende sustentar en hechos pasados, pretendiendo que la autoridad presuma “que sucederá lo mismo”, sin que se hubiera aportado prueba al respecto “puesto que se han agregado copias simples que no tienen valor jurídico alguno”; por lo que considera se incurre en la causal de improcedencia “prescrita en el artículo 42.1 de la LOGJCC”; resulta evidente que el Juzgador ha considerado el texto del permiso Municipal otorgado para la realización del evento taurino en el año 2016, en el cual se prohíbe expresamente el ingreso de menores de 16 años, si esta prohibición se suscitó en años anteriores, el hecho de incorporar a la autorización la prohibición ya implica la adopción de una medida para evitar esta falta, se pretende retirar el permiso a la Empresa aún antes de la realización del evento, es decir con un criterio incierto sobre la producción o no de una posible vulneración, hecho que tendría sustento constitucional si la amenaza hubiera sido probada; esto es lo que menciona el Juez, al tratarse de un evento futuro, debió demostrarse la existencia de la amenaza que se alega, pues la incorporación de la referida prohibición conlleva la posibilidad de sanciones; no es acertado indicar que se pretende que la amenaza se verifique para luego adoptar medidas, como aducen los recurrentes, lo que menciona la sentencia es que debió probarse la existencia de una amenaza presente, pues no por el hecho de haberse verificado en el pasado se puede realizar una consideración subjetiva de amenaza, al existir prohibición expresa, cuya ejecución, como adecuadamente indica el Juez A quo, corresponde a los órganos de la Policía Nacional; por ende, no puede hablarse de motivación inadecuada en la decisión. Respecto de la presunta vulneración de los derechos de la naturaleza, aducen que el Juzgador argumenta que “los accionantes no se encuentran legitimados en razón de que los toros son un objeto apropiable y por tanto los legitimados para su protección constituirían sus propietarios”, que este es un criterio aplicable en materia civil, frente a la propiedad, pero lo que se pretende proteger es el derecho contenido en el artículo 71 y siguientes de la Constitución, descartando, sin sustento, el derecho a ejercer acción a favor de los toros, existiendo también “ausencia de motivación”. Efectivamente, al realizar consideraciones de carácter conceptual respecto a la clasificación de los toros y la posibilidad de ejercer una acción de protección a su favor, el Juez considera a los toros de lidia como propiedad privada, conforme las normas civiles sobre la propiedad de las cosas, que si bien no es parte de la acción de protección en la cual se pretende proteger el derecho de la naturaleza, especialmente el respeto a los ciclos vitales, no implica la ausencia de un pronunciamiento sobre la posible vulneración del derecho a la naturaleza, que se verifica cuando el Juez afirma que “los artículos 71 y 72 de la Constitución consagran los derechos de la naturaleza”, que a criterio del juzgador son “4 básicamente: Existencia, mantenimiento, respeto a sus ciclos vitales y restauración, es decir que, fuera de esos no tiene otros, y hablar sobre derechos como la prohibición de ser torturados vienen a ser HUMANOS, pues no pueden configurarse sobre sujetos cuya voluntad no pueda ser dominada, y los animales, o en este caso los toros, no tienen voluntad.  En definitiva, alegar o conceder otro derecho a la naturaleza por fuera de los citados, sería violar lo dispuesto en la norma del artículo 10 de la CRE, que reza: La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución… y esta Autoridad no puede juzgar más allá de lo permitido por la propia Constitución, es decir únicamente se puede proteger derechos que la propia constitución le otorga”; por lo que indica incumplidos los “requisitos de admisibilidad prescritos en el artículo 40.1 de la LOGJCC y por incurrir en las causales de improcedencia prescritas en el artículo 42.1 ibídem”. Es evidente que el Juzgador refiere la no determinación del derecho de la naturaleza vulnerado, si bien los accionantes refieren el respeto a los ciclos vitales, no han aportado prueba alguna de la eminente amenaza o de que tal hecho se hubiera verificado, por lo tanto, no se puede afirmar ausencia de motivación, ya que la decisión explica la forma en que se ha llegado a dicha conclusión. Respecto a la posibilidad de que esta motivación pudiera ser inadecuada, cabe recordar que para amparar un derecho constitucionalmente reconocido, es imprescindible mencionar la violación de dicho derecho o que su garantía esté amenazada, y es necesario que el accionante demuestre en la audiencia tal vulneración, hechos que no se verifican en la presente causa, en la cual se pretende considerar como algo generalmente conocido la tortura al animal en el festival taurino, sin que con ello se pueda afirmar la vulneración del derecho a garantizar el respeto a su ciclo vital. Por ende, no es acertado mencionar la ausencia o indebida motivación de la sentencia, que se fundamenta en lo aportado durante la audiencia; tampoco es acertado afirmar que el Juzgador ha descartado la posibilidad de ejercer acción de protección a favor de los toros, lo que refiere es el hecho de que las torturas que se alegan no pueden demostrar la vulneración del derecho de los toros como parte de la naturaleza, menos aún si no se aportan pruebas que permitan llegar al convencimiento sobre dicha vulneración o amenaza; y, el hecho de que el Juez mencione un criterio jurídico respecto a la posibilidad de disponer de un bien (como se considera civilmente a los animales-ganado), no puede implicar ausencia o inadecuada motivación. En definitiva, la sentencia recurrida cumple los parámetros constitucionalmente exigidos para considerarla motivada, pues enuncia las normas en que se funda y explica su pertinencia frente a los antecedentes de hecho, a más de verificar la exigencia contenida en el artículo 4, numeral 9, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice: "Motivación.- La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso", deberes que se cumplen en la sentencia recurrida. A más de lo dicho, cabe indicar que la Corte Constitucional ha señalado tres parámetros para que una sentencia se encuentre debidamente motivada: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad, mismos que han sido reiterados en varias sentencias en las que se establece que: “El requisito de razonabilidad implica que la decisión judicial se encuentre fundamentada en principios constitucionales, sin que de su contenido se desprenda la contradicción contra cualquier principio o valor constitucional ( ... ) Por su parte, el requisito de lógica comprende la estructuración sistemática y ordenada de la decisión, en la cual las premisas sean establecidas en un orden lógico que permita al operador de justicia emitir conclusiones razonables que tomen como consideración los hechos puestos a su conocimiento, así como las normas pertinentes al caso concreto, y finalmente los juicios de valor que conforme los demás elementos se vayan desprendiendo a lo largo de la fundamentación. La consideración de todos estos elementos, estructurados de forma sistemática y ordenada, permitirá la emisión de una conclusión lógica final que guarde coherencia con las premisas señaladas ( ... ). En cuanto al requisito de comprensibilidad, este supone la emisión de una decisión clara y asequible a las partes procesales y a todo el auditorio social ( ... )”. Bajo todos estos criterios y parámetros se verifica que la sentencia impugnada cumple con la motivación Constitucionalmente exigida. b.- Respecto a lo alegado en la acción de protección propuesta, los accionantes afirman la vulneración de los derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes, específicamente el derecho a una vida libre de violencia; derechos de la naturaleza, respeto integral de la existencia y regeneración de ciclos vitales, estructura y funciones, por el maltrato y tortura a los toros; y, derechos de Participación y especialmente el derecho a presentar iniciativas populares normativas: b.1.- Derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente el derecho a una vida libre de violencia; en el texto de la acción de protección y durante la audiencia respectiva, los hoy recurrentes han afirmado vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente el derecho a una vida libre de violencia, por haberse permitido el ingreso de menores de edad en un espectáculo taurino realizado en el año 2015, considerando que es posible su verificación en el evento aprobado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a realizarse en el año 2016; sobre el tema, el representante del Municipio ha indicado y exhibido el permiso otorgado, en el cual se hace constar de forma expresa la prohibición de ingreso a menores de 16 años a dicho evento, además la empresa “Ganadería Triana Cía. Ltda.”, ha hecho constar en los carteles promocionales dicha prohibición; sobre este aspecto, debe recalcarse el hecho de que el artículo 46 de la Constitución, establece como obligación del Estado la adopción de medidas tendientes a garantiza a los niños, niñas y adolescentes la protección “contra todo tipo de violencia” (numeral 4, artículo 46); en el presente caso, ante las consideración de la posible exhibición de un espectáculo que incluye violencia, el Municipio de Quito, como medida preventiva prohíbe el ingreso de menores de edad, pero resulta evidente la coparticipación en esta medida con los padres y representantes legales de los menores, pues la adquisición de boletos para el ingreso a este tipo de eventos privados, se efectúa generalmente por adultos, que encargados de la custodia de los menores los trasladan y consienten su entrada; tratándose de un espectáculo organizado por una empresa privada, cuya realización requiere autorización de la autoridad pública, la disposición de prohibir el ingreso de menores resulta suficiente en aras de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, mientras que la ejecución de la orden compete a otras autoridades, como adecuadamente refiere el Juez A quo, por ende frente a la existencia de la prohibición, resulta imposible determinar la violación futura del impedimento y su consecuencia sobre derechos y garantías constitucionales, como pretenden los accionantes, entonces resulta adecuada la afirmación del Juez A quo, respecto a la no determinación de la vulneración o amenaza contra el derecho de los niños, niñas y adolescentes, resultando inadmisible en este sentido la acción de protección. b.2.- Derechos de la naturaleza, respeto integral de la existencia y regeneración de ciclos vitales, estructura y funciones, por el maltrato y tortura a los toros; como se indicó en líneas anteriores, el derecho de los toros como parte de la naturaleza estaría relacionado con la regeneración de ciclos vitales, que efectivamente no se han demostrado en la audiencia de acción constitucional, pese a que se han presentado fotografías de animales sometidos a mal trato, no puede establecerse que dichos efectos dañosos se hubieran producido en el festival taurino anterior; menos aún puedo demostrarse que exista una amenaza contra el ciclo vital de los toros en la realización de un evento futuro. Si bien, el hecho de maltratos inferidos contra los animales, puede ser de conocimiento público, esto no implica prueba de que tales maltratos puedan afectar su ciclo vital, que constituye el derecho constitucionalmente protegido y sobre el cual se afirma una vulneración, no demostrada. En este sentido, la referencia del Juzgador, a la propiedad de los animales (de acuerdo con las normas civiles), evidenciaría que cualquier reclamo frente al maltrato de los animales, sin demostrar una afección a sus derechos constitucionales, inherentes a su condición de miembros de la naturaleza, corresponde a otra vía diversa a la constitucional, por lo la pretensión carece de condiciones para su admisión y procedencia, tal y como afirma el Juzgador A quo. b.3.- Derechos de Participación y especialmente el derecho a presentar iniciativas populares normativas; al respecto, recordemos que entre los derechos de participación, el artículo 61 de la Constitución, en su numeral 3, garantiza a los ecuatorianos el derecho a “Presentar proyectos de iniciativa popular normativa”, y la regulación del trámite consta en el artículo 103 de la Norma Suprema, que determina: “Art. 103.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. /Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. /Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente”. De la normas transcritas se infiere con absoluta claridad que el derecho constitucionalmente consagrado radica en la posibilidad de presentar iniciativas populares normativas, mismo que no ha sido objeto de violación alguna, pues se ha presentado el proyecto, se han verificado los requisitos respecto a número de firmas y se ha iniciado el trámite correspondiente, que incluye la realización de debates en los que participan los hoy recurrentes; sin embargo, es verdad que conforme el referido artículo 103, el tratamiento de la norma debe ejecutarse en 180 días. Entonces, el derecho constitucionalmente protegido, no ha sido vulnerado, la parte del procedimiento relacionada con la presentación de la iniciativa, la verificación de firmas, la participación en el debate, se han verificado plenamente respecto de la iniciativa propuesta, lo que se considera afectado es la parte del procedimiento que impone un plazo para tratar la propuesta. Pese a la demora en la tramitación, recién en el año 2016, se presenta la acción que nos ocupa, esto frente a la posible realización de un nuevo espectáculo taurino, es decir, antes de este hecho, los hoy accionantes y recurrentes se encontraban conformes con el proceso que se encontraba realizado, cuya iniciación se ha verificado, pero no se ha realizado en el plazo determinado. Todas las garantías inherentes al derecho de participación, se han cumplido a cabalidad, lo que se incumple es la obligación de tramitar la propuesta en el plazo constitucionalmente determinado, en este sentido, es pertinente analizar la forma en que dicho incumplimiento podría causar una vulneración al derecho de los recurrentes, quienes consideran la norma vigente y que por su incumplimiento surge la vulneración de derechos analizados en líneas anteriores. El Juez A quo, considera que al tratarse de la aplicación de normas que integran el sistema jurídico, la pretensión debió tramitarse como acción constitucional por incumplimiento; esta afirmación cabe en el caso de que se acepte la normativa como vigente, pues la acción por incumplimiento procede frente a normas que integren el ordenamiento jurídico; mientras que lo alegado es la falta de aprobación en el tiempo constitucionalmente establecido. Si se ha respetado el derecho de participación constitucionalmente consagrado y lo que se alega es el incumplimiento de una parte del procedimiento que debía aplicarse (tiempo de tratativa del proyecto), y tratándose de un tema que genera polémica, reflejada en la participación en los debates de varias organizaciones tanto sociales como privadas relacionadas, no puede afirmarse que la demora en la tramitación vulnere en forme exclusiva el derecho de los recurrentes, sino que vulnera el derecho de todos quienes están involucrados en el tema, incluso de quienes mantienen posiciones contrarias a la prohibición que contiene la propuesta de iniciativa popular normativa, tal y como se deduce de las actas de las sesiones del Consejo Metropolitano agregadas al expediente; en este sentido, el Juez garantista debe tutelar el derecho de todos quienes se ven perjudicados por la demora verificada; en tal virtud, no es pertinente disponer la publicación de la iniciativa en el registro oficial, como pretenden los recurrentes, sino que es competencia del Juez Constitucional adoptar medidas que cesen la vulneración. SEXTO.- RESOLUCIÓN: En base al análisis expuesto en líneas anteriores, resulta evidente la inexistencia de las presuntas vulneraciones constitucionales que alegan los accionantes, excepto la referida al incumplimiento temporal en la tramitación de la iniciativa popular normativa, que a más del derecho de los recurrentes, vulneraría el derecho de todos los demás intervinientes en los debates del proyecto que pudieran resultar beneficiados o perjudicados con la aprobación o negativa de la propuesta que la iniciativa contiene. En tal sentido, y conforme lo previsto en los artículos 24 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve: 6.1. ACEPTAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por María de los Ángeles Bellolio Vernimmen y Martín Felipe Ogaz Oviedo, en contra de la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2016, por el Doctor Vinicio Palacios, Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha; 6.2. REFORMAR la sentencia impugnada, en el sentido de que, al evidenciarse la vulneración de los plazos constitucionalmente determinados para trámite de la iniciativa popular normativa; y por ende, la vulneración de un derecho constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se ACEPTA parcialmente la acción de protección planteada; y, por consiguiente se dispone que el Consejo Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito, aplicando las medidas necesarias que le caso amerite, repare la omisión de cumplimiento del plazo determinado para el trámite de la iniciativa popular normativa, para lo cual, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la notificación con la presente resolución, dicho órgano Municipal, deberá concluir el trámite correspondiente y emitir su resolución (aprobando o negando) la iniciativa popular normativa, presentada el 28 de octubre de 2011, por la Organización Política Cultural de Izquierda Radical Diabluma, en la que se plantea prohibir la realización de espectáculos públicos en los que se produzca “estrés, sufrimiento, maltrato, tortura y muerte de animales”; luego de lo cual, de ser el caso, se procederá a la publicación en el Registro Oficial. En todo lo demás se estará al texto de la resolución impugnada que se ratifica con la reforma puntualizada.- Se dispone que por Secretaría de Sala, una vez ejecutoriada esta sentencia se remita una copia certificada de la misma a la Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 86, número 5 de la Constitución de la República del Ecuador, y, luego, devuélvase el expediente al Juzgado de origen. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

f: ROVALINO JARRIN FABRICIO, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA; GUERRA GUERRA MARIA PATLOVA DE LOS ANGELES, JUEZA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA; NARVAEZ CARVAJAL MIGUEL ANGEL, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA
 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

 

BURBANO PIEDRA JESSICA GABRIELA

SECRETARIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA